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Chile entra a una etapa política polémica y convulsiva sobre la reforma a la Constitución que ahora buscan cambiar

Uno de los principales reclamos de los manifestantes es la reforma de la Constitución. El gobierno de Chile anunció que dará inicio al proceso para tener una nueva Constitución, recogiendo así una de las principales demandas de los manifestantes que llevan semanas en las calles. La actual Constitución chilena data de 1980 y, aunque fue modificada varias veces, es criticada por ser herencia del régimen militar de Augusto Pinochet y por consolidar un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos, que justamente es uno de los motivos de las protestas que se iniciaron el 18 de octubre. Aunque lo que disparó las manifestaciones fue el anuncio de un incremento en la tarifa del metro de Santiago, las demandas se fueron extendiendo en los siguientes días hacia otras causas.

Entre ellas está la conformación de una Asamblea Constituyente (es lo que han pedido organizaciones sociales como Colegio Profesores, Central Unitaria de Trabajadores, Asociación Empleados públicos y otros actores) y una nueva Constitución, además de reformas económicas y de programas sociales para combatir la desigualdad.

“Una de las cuestiones que más se critican, y por lo mismo se quiere cambiar, tiene que ver con su ilegitimidad de origen: es justamente el hecho de que haya sido dictada durante una dictadura militar”, le dijo a BBC Mundo Miriam Henríquez Viñas, profesora de Derecho Constitucional y Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago.

“La Constitución de 1980 fue obra del régimen militar y entonces para un sector muy relevante de la sociedad chilena tiene un origen ilegítimo”, coincide Gilberto Aranda, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

Más tarde, en 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, se llevó a cabo una importante reforma constitucional que acabó con la figura de los senadores designados, que eran elegidos por instituciones como las Fuerzas Armadas o la Corte Suprema, “lo que de alguna manera le restaba su dimensión democrática a la composición política de la Cámara del Senado”, dice Aranda. “Sin embargo, no deja de ser la Constitución que fue preparada por el régimen militar y, por la tanto, en ese contexto, para una parte muy importante de la sociedad chilena tendría una ilegitimidad de origen”.

La rigidez y los “enclaves autoritarios”. Según Henríquez, la Constitución “fue concebida originalmente con una democracia protegida de la irracionalidad del pueblo”. “Hay una desconfianza que está presente en la Constitución de la posibilidad de que el pueblo pueda tomar decisiones razonables por sí mismo” y, según la constitucionalista, esa desconfianza se expresa a través de una serie de mecanismos, como por el ejemplo el que el rol de los partidos políticos sea mínimo en la Carta Magna. En cuanto a contenido, otra de las cuestiones es que se trata de una Constitución “muy rígida”: para modificarla se requieren mayorías de dos tercios o de tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio. Por ello, pese a las reformas de 1989 y del 2005, la especialista discrepa de Aranda y considera que la Constitución “persiste en lo que se llaman enclaves autoritarios, es decir, hay ciertas normas que hacen prácticamente imposible, sino muy dificultoso, reformar ciertas disposiciones”. “Entonces prácticamente se ha generado una suerte de congelamiento de asuntos como derecho a la seguridad social, libertad de enseñanza, que son justamente los derechos sociales que hoy se demandan”.

El otro cuestionamiento a la Constitución tiene que ver con los derechos sociales, ya que el texto constitucional consagra un “Estado subsidario” que no provee directamente las prestaciones que tienen que ver con salud, educación o seguridad social, sino que esta provisión queda en manos privadas.

“Este Estado subsidiario es un Estado mínimo que se limita únicamente a vigilar o supervisar cómo los particulares proveen esos derechos”, explica Henríquez. La privatización fue uno de los pilares del modelo de Pinochet: en su Constitución política, servicios básicos como la luz y el agua potable pasaron a manos privadas. “En Chile se cumplió lo que nuestros profesores de Chicago esperaban que ocurriese”: entrevista con Rolf Luders, ministro de economía de Pinochet. Ahora, la demanda de los manifestantes chilenos es que el Estado tenga una mayor participación e involucramiento en la prestación de los bienes básicos.

Aranda coincide en que la función social está “infrarrepresentada” en la Constitución, que le otorga solo “funciones en lo que es resguardo del orden público, seguridad, defensa, garantía de justicia, etc.”

“Hay un sector importante de las personas que están demandando cambios estructurales y profundos en Chile respecto a declarar y garantizar el ejercicio de determinados derechos sociales, es decir, incorporar a una Constitución de democracia liberal elementos de un Estado social, como en parte están, pero además garantizar su ejercicio”, explica el experto.

Ambos analistas coinciden en que una nueva Constitución no solucionaría todos los problemas, pero sí sería un primer paso muy importante. “La forma en que se haga no va a ser indiferente porque dependiendo de la participación que tenga la ciudadanía va a tener mayor o menor legitimidad el cambio que se formule”, apunta Henríquez.

“La ciudadanía demanda un cambio por la vía de una Asamblea Constituyente con plebiscito ratificatorio, y el anuncio del gobierno, aunque aún no se sabe con exactitud, se refiere a una reforma constitucional por la vía del actual Congreso”.

El ministro de Interior chileno, Gonzalo Blumel, dijo este domingo que el “mejor camino” era trabajar sobre la base de un Congreso constituyente, que cuente con una amplia participación de la ciudadanía y, en segundo lugar, que pueda tener un plebiscito ratificatorio después. “Lo que tenemos hoy es un haz de luz que depende de cómo sea procesado por los diferentes actores políticos, ya que subsisten diferencias en los mecanismos para esta nueva Constitución”, coincide Aranda.

AEV/BBC News- Mar Pichel