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Creación de empresas Públicas encubren el emporio de petróleo ALBANISA/FSLN en Nicaragua

A consecuencia de las sanciones impuestas por EE. UU a las empresas de ALBANISA y su cadena comercial y petrolera de Nicaragua, el FSLN, partido en el Poder, buscó la forma no solo de evadir las sanciones de EE. UU a través de la creación de empresas públicas como “figura jurídica” para ocultar y reproducir el capital acumulado a lo largo del gobierno de Daniel Ortega Saavedra, quien funge como Presidente de Nicaragua desde 2007.

También con esta figura jurídica Estatal las cuatro empresas harán el negocio del petróleo de las existentes Alba de Nicaragua (Albanisa), Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic) y la Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP), también estatales. De esta forma, no solo reproducirían el capital comercial y las inversiones acumuladas sino también ejercerán en la estructura comercial del sector una fuerte incidencia monopólica que afectara al resto de empresas del sector privado nicaragüense.

La acusación la hizo el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), tras de darse el (12/02/20) la aprobación de la Asamblea Nacional (Parlamento) de las cuatro empresas para administrar la importación, distribución y comercio de petróleo. El Cosep, que es la principal patronal de Nicaragua, denunció también que no solo servirían para manejar el petróleo local sino tienen como objetivo evadir impuestos y crearán competencia desleal.

La denuncia del Cosep se dio un día después de que la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó la creación de cuatro empresas para administrar la importación, distribución y comercio de petróleo, en medio de la peor crisis sociopolítica y económica de Nicaragua en décadas.

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, afirmó que la ley creadora de dichas empresas establece que estas son inembargables y están exentas “de todo tipo de tributos, tasas, cánones, derechos, regalías, contemplados en la legislación nacional, sean ordinarios o especial, nacionales, municipales o de cualquier otro tipo “.

Las exenciones también se aplicarán a los bienes muebles e inmuebles de estas empresas, así como a sus “ventas, participaciones, utilidades, compraventas que realice, y servicios prestados “, además de sus importaciones o compra local “de maquinaria, equipos materiales, insumos, y demás bienes “. “Al no pagar impuestos, estas empresas podrían estar vendiendo productos al mismo precio pero con mayores ganancias, o a un precio más bajo comparado con las empresas que sí pagan impuestos, para ellos ir ganando mayor penetración de mercado “, advirtió Aguerri.

Las exenciones de las nuevas empresas fueron aprobadas por los diputados sandinistas a pesar de que legislación nacional vigente no permite la competencia desleal, recordó el Cosep.

Aguerri calificó la decisión de Ortega como una “involución hacia empresas públicas, una nueva competencia desleal que van a tener las empresas (privadas) que están en este sector, que pudieran estar en el mismo giro que estas empresas del Estado”.

El representante de los empresarios resaltó que la decisión de Ortega no busca superar la crisis económica. “Obviamente hay un interés político tratando de responder a una situación que ha provocado las sanciones”, dijo.

Esto, debido a que las cuatro empresas harán el trabajo de las existentes Alba de Nicaragua (Albanisa), Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic) y la Distribuidora Nacional de etróleo (DNP), también estatales.

Las empresas existentes, que manejan cientos de millones de dólares derivados del negocio petrolero, han sufrido golpes económicos importantes desde el inicio de la crisis, ya que son reconocidas como la principal fuente de ingresos de Ortega, al que la oposición y parte de la comunidad internacional responsabiliza por la muerte de cientos de manifestantes desde 2018.

Entre los golpes sufridos por las empresas existentes están las sanciones económicas, directas o indirectas, impuestas por Estados Unidos y Canadá, así como el boicot de los nicaragüenses que rechazan a Ortega, y que ha hecho que las lujosas gasolineras estatales permanezcan sin clientes.

El Cosep es parte de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, creada en 2018 para ser la contraparte de Ortega en una serie de diálogos para superar la crisis.

Los detractores del Cosep culpan a los empresarios porque, entre 2007 y 2018, antes de liderar la Alianza Cívica, formó parte del modelo de Gobierno de Ortega, que daba prioridad al crecimiento económico, mientras, según la oposición, este suprimía derechos y construía una “dictadura”.

Hasta el estallido social contra Ortega la economía de Nicaragua crecía en más del 4 % anual, desde entonces, sufrió una contracción de -3,8 % y una inflación del 3,89 % en 2018, y un retroceso de -3,5 % con una inflación de 6,13 % en 2019, según datos oficiales.

Nicaragua no vivía una crisis similar desde la década de 1980, también bajo la presidencia de Ortega.

AEV/EFE-Varios