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La presidencia de Guatemala se compromete a un pacto migratorio, pero la procuraduría guatemalteca se ampara para detenerlo.

El procurador de derechos humanos guatemalteco, Jordán Rodas, presentó ayer una acción para que “se declare nulo lo firmado y no entre en vigencia” el pacto migratorio firmado apenas el viernes por el gobierno de Jimmy Morales. El acuerdo con Donald Trump es para que la nación centroamericana sea un tercer país seguro, de modo que cualquier persona migrante que pase por ese territorio con la intención de llegar a Estados Unidos y solicitar asilo será forzada a pedir refugio primero en Guatemala.

Para las autoridades guatemaltecas eso significaría atender por lo menos siete mil solicitudes anuales (en 2018, atendieron 262). Y para los muchos migrantes de otros países centroamericanos que se verían afectados, el acuerdo conllevaría quedarse en una nación con condiciones de pobreza y violencia casi idénticas a aquellas de las cuales huyen. El amparo de Rodas alega que el pacto fue firmado sin contar con el visto bueno obligatorio del congreso y que se hizo bajo amenaza, pues Trump dijo que de otro modo establecería aranceles.

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