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Se empeora la tragedia en torno al “Brexit”

En Gran Bretaña, la gran noticia del fin de semana fue la renuncia de Amber Rudd, Secretaria de Estado para el Empleo y las Pensiones. Siendo integrante del ala moderada del Partido Conservador, muchos se preguntan por qué la política de 56 años no dimitió antes. En una carta dirigida al primer ministro, Boris Johnson, Rudd esgrimió que no podía tolerar que colegas “buenos” y “leales” fueran expulsados de la formación gobernante por oponerse a la estrategia del mandatario para consumar el “brexit”.  Sin embargo, la opción del premier británico para consumar el “brexit” en octubre también puede terminar llevándolo a la cárcel. Una crisis institucional como la que hoy amenaza al Reino Unido no se había visto desde 1688.

La ley que prohíbe llevar a cabo el “brexit” sin una negociación y un acuerdo con la Unión Europea entró en vigor este 9 de septiembre. A Javid se le preguntó frente a cámaras de televisión si Johnson tenía pensado romper la ley y el ministro de Finanzas no pudo responder directamente. El ministro de Exteriores, Dominic Raab, dijo que el Gobierno analizaría todas las posibilidades que ofrece la ley en cuestión para evitar pedir la posposición del “brexit”. Johnson parece querer encontrar un resquicio legal o empezar una querella jurídica.

Rudd subrayó que, al desterrarlos, Johnson había incurrido en un “acto de vandalismo político”. El cisma entre el actual Ejecutivo y los tories moderados parece irreversible; se especula que hay otros miembros del Gabinete evaluando separarse de sus cargos. Está por verse qué efecto surte esa brecha sobre los planes de Johnson para sacar a su país de la Unión Europea a más tardar el 31 de octubre; Rudd lo acusó de invertir más energía en provocar un “brexit” duro que en propiciar una salida ordenada del bloque comunitario.

No obstante, Johnson actúa como si estuviera bien dispuesto a dialogar: este lunes (9.9.2019) viajó a Dublín por primera vez desde su juramentación en julio y se reunió con el primer ministro irlandés, Leo Varadkar. El grado de confianza que despierta es mínimo porque Johnson se ha inhibido de dar detalles sobre las alternativas para mantener abiertas las fronteras entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, y ha hablado más bien demasiado sobre su intención de excluir el tema “backstop” de las negociaciones con Bruselas.

“Backstop” es el nombre dado a la opción de prolongar la presencia de Irlanda del Norte y Gran Bretaña en una unión aduanera con los países comunitarios. Varadkar ha dicho al respecto que, mientras no se llegue a un acuerdo sobre medidas preventivas alternativas, prescindir del ‘backstop’ significará para los irlandeses prescindir de una salida ordenada. Y, si tiene lugar un “brexit” duro, Dublín cree que llevará años regular el vínculo del Reino Unido con la Unión Europea a través de la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda.

Por ejemplo, Varadkar describió la hipotética firma de un tratado de libre comercio entre Gran Bretaña y el bloque comunitario como una “tarea titánica” para Johnson, si éste decidiera impulsarla. En Bruselas sólo se ha hablado sobre la regulación del transporte de productos agrarios; pero, a los ojos de la Unión Europea, eso no resolvería el problema fronterizo. Se ha dicho que Johnson podría retroceder y sopesar la propuesta de que en Irlanda del Norte se superpongan el mercado interno británico y la unión aduanera europea.

La propia Unión Europea había planteado esa posibilidad antes de que entrara en juego el mecanismo del “backstop” por iniciativa británica. Sin embargo, Johnson solo podría aceptar esa opción si él dejara de necesitar el respaldo de la formación norirlandesa Partido Unionista Democrático. Y solo sabrá si puede renunciar o no a ese apoyo después de las elecciones, cuya fecha aún es objeto de debate: Johnson volverá a solicitar ante la Cámara de los Comunes del Parlamento británico que se llame a comicios adelantados.

En imprescindible que dos tercios de esa cámara voten a favor de esa moción para aprobarla, pero los opositores de Johnson –los laboristas, los liberales, los nacionalistas escoceses y los independientes– se han aliado para denegarle el visto bueno hasta octubre; llegado ese momento, la fecha para la consumación del “brexit” ya debería haber sido pospuesta. Aunque el ministro de Finanzas, Sajid Javid, enfatizó este domingo (8.9.2019) que el Ejecutivo de Johnson no buscaría una prórroga del “brexit”, no dijo cómo evitaría hacerlo.

Ahora bien, que un primer ministro procure romper la ley intencionalmente es algo que no ha ocurrido en la historia reciente de Gran Bretaña. Pero en torno a Downing Street circulan rumores según los cuales el Gobierno podría apostar a un conflicto judicial y hacer que éste llegue hasta el tribunal de mayor rango para ganar tiempo: si se llegara al 31 de octubre sin un veredicto inapelable, el país quedaría fuera de la Unión Europea automáticamente. Desde luego, esa querella sumiría de nuevo al Reino Unido en una crisis institucional severa.

Al comentar ese escenario, el Times señaló que sería “la peor colisión desde 1688, cuando se estableció el Gobierno parlamentario”. Si bien las consecuencias de que Johnson desacate la ley contra un “brexit” desordenado e inicie un conflicto judicial como el mencionado son impredecibles, veteranos del Derecho advierten que Boris Johnson podría terminar tras las rejas. ¿Qué otra opción tiene el mandatario a la mano? Él podría someterse a una moción de censura, pero él insiste en mantenerse frente al timón.

Johnson podría dimitir y darle paso a un Gobierno de transición liderado por un opositor de confianza para que sea éste, y no Johnson, quien le pida a la Unión Europea que posponga la salida de Gran Bretaña de sus filas. Eso le permitiría al actual primer ministro lanzarse a una campaña electoral con todos los recursos del populismo cuando se anuncie la prórroga y se convoque a comicios adelantados. No es difícil imaginar cuál sería su lema: “¡El pueblo, unido y molesto, contra el Parlamento!”, o algo por el estilo.

Johnson también podría renegociar con Bruselas, pero el tiempo que queda para ello es muy corto: 52 días, de aquí a la fecha del “brexit”. En todo caso, el Parlamento británico ya no puede hacer mucho.

AEV/NYT