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Gobierno de Nicaragua ejerce más control sobre remesas familiares y transacciones bancarias

Las normativas sobre Unidad de Análisis Financiero publicada el 23 de abril 2019 en la Gaceta Diario Oficial No 75 del 23 de abril 2019, extiende el alcance de la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; cuyo nivel de aplicación se extiende a los denominados Sujetos Obligado que incluye a persona jurídicas y naturales de cualquier tipo o forma de organización y actuación económica y social. Así mismo, dicha Normativa afectaría a las personas naturales, especialmente familiares que reciben y envían remesas y transacciones internacionales, violando el arto 26 inciso 4 de la Constitución. En que en gran parte son recursos de y para las familias de fuera y adentro del país.
Nicaragua recibió remesas familiares por un monto de 1,501.2 millones de dólares en 2019 producto de la constante salida de personas hacia el exterior, dato que representa el 10.5% del PIB.

En esencia esta normativa genera grandes recelos y/o suspicacias por el control directo que sobre este proceso el Gobierno posee. Como se sabe el argumento del Gobierno para la aprobación de la Ley 977 y la emisión continua de normativas es según “ellos” cumplir con las obligaciones internacionales que le impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ente intergubernamental creado con el objetivo de fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Analistas especializados nicaragüense ha señalado “el exceso de funciones a la UAF y los roces de sus funciones y atribuciones con la Constitución Política y otras disposiciones legales y administrativas del Derecho Nacional que también elimina Derecho consuetudinario como fuente de la legislación administrativa nacional”. A parte de la violación que inscribe el artículo 42 de la Ley 977 en su artículo 42, la reciente Reglamentación viene a fortalecer la gravísima violación al Arto CN 166 que garantiza la independencia de los magistrados y jueces en su actividad judicial y los obliga a la convalidación judicial de las inmovilizaciones preventivas, mandatándoles a que los jueces procedan sin más trámite a acatar lo dispuesto por autoridades administrativas.

Ahora la bien, la presente Normativa sobre las obligaciones de Reportes de los Sujetos Obligados a la UAF (abarca personas jurídicas y naturales) se constituye en una herramienta efectivamente discrecional que el gobierno podría estar utilizando no solo para ejercer influencia, extorsión y agravantes en aquellos “sujetos obligados” afines o no afines en una situación política anormal que atraviesa actualmente nuestro país. Pues se destruye notablemente el noción de “seguridad ciudadana” que implica que todos los nicaragüenses somos ciudadanos con derechos que merecemos igual protección, pero ahora con la filosofía que asumen las nuevas leyes conocidas popularmente como leyes del terrorismo, cualquier Sujeto Obligado, dada la situación de riesgo político y control policiaco en la presente crisis política social, da lugar al gobierno a fortalecer los mecanismos de vigilancia y de terror sobre organizaciones jurídicas y la ciudadanía en general. De igual forma, las empresas, asociaciones, organizaciones gremiales, cooperativas, políticas, religiosas, etc. están expuestas a este tipo de afectación y por consiguiente el enunciado que se lee o largo de este Resolución se aprecia que se cierran cada vez más los espacios de libertad y participación política, gremial y social en el país. Ya que el gobierno estaría contando con un instrumento más de lo que ya dispone los medios administrativos por dicha UAF. Esto daría lugar a utilizar instituciones a cargo de políticas específicas como la tributaria para sustanciar y manipular elementos de conducta y juicios en contra de aquellos sujetos obligados no afines de su política. Actualmente el Presidente Daniel Ortega tiene control de 24 instituciones autónomas y 13 entes descentralizados, también es jefe supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua. Aparte ejerce control político de todos los poderes del Estado: el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, así como la mayoría de gobiernos municipales.

Alejandro Arauz L.
Economista y Jurista.