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Gobierno de Nicaragua inventa artificio legal para evitar sanciones de EE. UU a empresa de combustible de la familia Ortega-Murillo

Como medida de presión política y económica de Departamento de Estado de los EE. UU en el marco de la “Nica Act”, emitió sanciones recientemente hacia la familia Ortega-Murillo que abarcó también a varias empresas de esta familia y la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP Petronic), las otras son la empresa de seguridad El Goliat e Inversiones Zanzíbar, por “lavado de dinero y apoyo a la corrupción”.  Según los argumentos de Estados Unidos, el primogénito de los Ortega que dirige todos los negocios de la familia utilizó DNP, un negocio que adquirió con dinero público y luego transfirió a la familia, para enriquecerse “a partir de contratos no competitivos con instituciones gubernamentales nicaragüenses”.

Esta empresa (DNP) controla el 30% de las importaciones de petróleo y el 39.5% de la distribución nacional a través de una red de 70 estaciones de distribución de gasolinas en todo el país.  DNP nació y creció con fondos de ALBANISA cuyo control financiero y comercial ha estado en manos de la familia de Ortega-Murillo y allegados.

De esta forma la sanción creo una situación complicada en las operaciones comerciales y financieras de DNP en la compras y abastecimiento de combustibles. Las sanciones provocarían la paralización financiera de la misma lo que impediría realizar las importaciones y otras operaciones financieras nacionales e internacionales.

Ante la evetualidad de las circunstancias como una respuesta apresurada la Asamblea Nacional, controlada mayoritariamente por el FSLN, aprobó este sábado 14/12/19 de manera sorpresiva una ley para nacionalizar los inventarios de DNP. El trámite de urgencia detalla que se hizo para evitar un desabastecimiento de combustibles en el país y trasladar a manera de “rescate” el inventario de DNP y delegando al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para que autorice a la empresa que realizará la operación y administración de los mismos. La Ley también establece que “las empresas que el Estado, a través del Ministerio de Energías y Minas delegue, garantizarán la continuidad de los inventarios, la distribución y el suministro de los combustibles y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense y agentes económicos”.

Para algunos especialistas la Ley tiene “vacíos” jurídico y administrativos por la oscuridad en la redacción en la administración “los activos y pasivos de DNP”, y la relación “sobre los inventarios y la concesión de los mismos”. Son entre otros puntos oscuros de la Ley recién aprobada que induce a inferir la continuidad de “el uso de testaferros de la familia Ortega-Murillo” para la continuidad del control de las inversiones e inventarios de la misma. A si también la Ley emitida no indica un Reglamento para la comprensión y definición de procedimientos de los recursos del traslado y proceso de los inventarios y la administración de la Activos y Pasivos de la misma.   

Históricamente la empresa ALBANISA se encargaba de las importaciones del fuel oíl para la generación de energía eléctrica, el Estado delegó a PETRONIC Que hiciera dichas compras. Y aunque PETRONIC no ha sido afectada por la decisión de Estados Unidos, lo que también podría inferir que la responsabilidad del control de MEM es para evitar una sanción para PETRONIC, aunque esta institución ha estado siempre controlada por miembros y allegados de confianza de la familia Ortega-Murillo.

Independiente de todo el “entuerto legal” que se ha creado con la emisión de la Ley de la Asamblea Nacional para tratar de proteger el negocio del combustible de la familia Ortega-Murillo, éstos podrían evadir por medio de diferentes medios y artificios el efecto total de las sanciones impuestas por el Departamento de Estado de EE. UU gracias al control total que el Régimen ostenta en los poderes del Estado y la económica pública.

AEV/Fuente: Varios.


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