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Cuando los dictadores van al banquillo la sociedad respira aire fresco

Esta semana comenzó en Sudán el juicio contra Omar al Bashir, autócrata militar que gobernó el país africano por casi tres décadas hasta que las protestas populares a principios de año llevaron al ejército a obligarlo a renunciar. Pero Al Bashir no es el primer líder autoritario en enfrentar tribunales: estos son algunos de los dictadores que han sido sentados en el banquillo de los acusados. En Sudán, la gente dice que por primera vez en años siente esperanza pues además del juicio a Al Bashir se acaba de lograr un pacto para que el próximo gobierno sea compartido entre militares y los civiles que organizaron las protestas masivas. Esta semana Abdalá Hamdok fue nombrado líder interino del nuevo gobierno sudanés y hubo ceremonias en honor a quienes murieron durante las protestas que derrocaron a Al Bashir

Son cuatro dictadores que han enfrentado a la justicia en esta etapa contemporánea. El más reciente Omar al Bashir que compareció frente a un tribunal esta semana. Al comenzar el juicio, podía vérsele a través de los barrotes de metal del lugar asignado al acusado.

Al Bashir pasó más de tres décadas en el poder hasta que fue derrocado en abril. Ahora enfrenta cargos por corrupción y lavado de dinero. Algunas personas expresaron su satisfacción porque el juicio simboliza una nueva era en la vida de Sudán; por su parte, algunos grupos internacionales que defienden los derechos humanos destacaron que también es necesario que Al Bashir rinda cuentas por las violaciones a los derechos humanos durante su mandato.

Hosni Mubarak, que en la imagen está sentado, en un juzgado de El Cairo en 2013. Su mandato terminó abruptamente en los primeros meses de la Primavera Árabe. El caudillo que gobernó Egipto sin oposición alguna durante casi treinta años, Hosni Mubarak, fue derrocado en 2011, cuando la Primavera Árabe alcanzó su punto crítico, después de que manifestantes opositores al gobierno se instalaran en la plaza Tahrir de El Cairo durante semanas para exigir su salida. Los manifestantes prorrumpieron en clamores de celebración cuando el propio Mubarak anunció que le entregaría el poder a un consejo militar.

Poco tiempo después fue encarcelado y acusado de varios delitos, como conspirar para matar a los manifestantes y corrupción. Varias fotografías del antiguo líder, sentado en la sala del tribunal dentro de la celda para los acusados, circularon ampliamente por la nación cuando comenzó el juicio.

Por desgracia, el caso de Mubarak pronto se vio eclipsado por los tumultos en Egipto y el consecuente derrocamiento del primer presidente electo democráticamente en ese país, Mohamed Morsi, por parte del ejército, así como el ascenso al poder de un nuevo líder autócrata, el general Abdulfatah el Sisi.

La atención pública dejó de centrarse en Mubarak, quien logró evadir la justicia en relación con los cargos más graves, por la muerte de los manifestantes en 2011. Al concluir los procedimientos, se le declaró culpable de malversación de fondos públicos y cumplió una sentencia de tres años en prisión. Se le trasladó a un hospital de El Cairo en 2015, donde permaneció con vigilancia militar hasta su discreta liberación, en marzo de 2017.

Mubarak, quien ahora tiene 91 años, vive con vigilancia continua en un barrio elegante de El Cairo. Sobrevivió a su sucesor, Morsi, quien se desplomó y murió en junio en una sala de tribunal de El Cairo, donde se le juzgaba por cargos de espionaje.

El general Augusto Pinochet en Santiago, Chile, en 1997. Miles de personas fueron ejecutadas o desaparecieron durante su mandato de diecisiete años. El despiadado gobierno de diecisiete años del general Augusto Pinochet fue una era en la que ocurrieron miles de muertes, desapariciones y acciones de tortura en Chile, país que todavía no se reconcilia con ese legado. Tras arrebatarle el poder en 1973 a un presidente electo democráticamente gracias a un golpe de Estado con el apoyo de la CIA, Pinochet ordenó acciones de amplio alcance para purgar el país de académicos y otros liberales.

En 1990, renunció a la presidencia y se convirtió en comandante en jefe de las fuerzas militares, lo que garantizó su continuidad como un poderoso personaje político en Chile durante toda esa década. Conservó su inmunidad legal gracias a que consiguió que lo nombraran senador vitalicio después de abandonar el cargo al frente del ejército.

No obstante, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, un grupo sin afiliación partidista designado por el sucesor de Pinochet, comprobó las violaciones cometidas por el dictador contra los derechos humanos durante su gobierno y les adjudicó a las fuerzas del general por lo menos 3200 muertes y desapariciones.

En 1998, durante una visita de Pinochet (quien en ese entonces tenía 82 años) al Reino Unido para someterse a una operación de la columna, las autoridades británicas lo detuvieron e intentaron extraditarlo a España para someterlo a juicio por cargos de crímenes contra la humanidad. Tras una batalla legal, se le permitió regresar a Chile dieciséis meses después, cuando se determinó que no podía comparecer en un juicio por razones de salud.

José Efraín Ríos Montt, el dictador más cruel de Guatemala murió a causa de un infarto a comienzos de abril 2018. Tenía 91 años.  Ríos Montt tomó el poder a través de golpe de estado el 23 de marzo de 1982. Fue depuesto 17 meses después, el 7 de agosto de 1983, por un golpe de estado militar liderado por quien fuera su ministro de defensa, Osca Humberto Mejía Víctores.

Durante los 36 años que duró el conflicto armado en Guatemala, se experimentaron altos niveles de violencia. Aproximadamente 200,000 personas fueron asesinadas y 45,000 desaparecidas, miles de personas fueron desplazadas o exiliadas, junto a incontables víctimas de tortura y violencia sexual. De acuerdo con la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), Ríos Montt dio continuidad y expandió la política de tierra arrasada diseñada e implementada por su antecesor Romeo Lucas García (1978-1982). Establecidas presuntamente para destruir los movimientos insurgentes, tales políticas represivas, sin embargo, fueron usadas sistemáticamente para destruir los movimientos sociales que incidían por un cambio y que desafiaban las dictaduras militares.

AEV/El País y NYT.